Por Egea Silvana Clarivel Profesora de Enseñanza Secundaria en Economía Estudiante de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo UNSE
¿Universidad Pública y gratuita, en riesgo? A 75 años de la gratuidad universitaria
¿Universidad Pública y gratuita, en riesgo?
A 75 años de la gratuidad universitaria
Por: Egea Silvana Clarivel
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Voluntaria del Observatorio de RRII - Fundación Victoria.
Área de Políticas y Estrategias Económicas.
Prof. de Economía (Secundaria) y Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo (cursando).
La educación es un tema central para el desarrollo de cualquier país, es mucho más que adquisición de conocimiento, es pilar fundamental y base para el desarrollo de las naciones. Representa una inversión a futuro y pieza clave para alcanzar el progreso social, cultural y económico.
La formación superior brinda las herramientas necesarias para crear oportunidades, crecimiento personal y social, la participación ciudadana activa y desarrollo en un marco de igualdad. La historia e importancia que tiene la universidad pública para nuestro país y el rol que cumple es un aspecto que nunca se debe olvidar ni dar por entendido. En los tiempos que corren es necesario siempre volver a conocerla, sus inicios, sus hitos, el por qué hoy está en riesgo su normal funcionamiento y puesta en duda su eficacia, disminuyendo el financiamiento desde el propio gobierno.
Argentina es ejemplo a lo largo de la historia en Latinoamérica y todo el continente americano de la calidad y gratuidad de la educación universitaria. Para poner en perspectiva, la universidad nacional de Córdoba lleva más de 411 años funcionando ininterrumpidamente, fue fundada por los jesuitas en 1613, en comparación a, por ejemplo, la universidad de Harvard, la primera de Estados Unidos que fue fundada en 1636.
En noviembre de 1949 el presidente Juan Domingo Perón, eliminó el cobro de aranceles universitarios, convirtiendo con esto, a la educación superior en un Derecho y no un privilegio; esto sentó un precedente en toda América Latina y permitió a las masas populares de bajos recursos acceder a la educación superior. Este hecho posibilitó la democratización de la educación superior y la responsabilidad indelegable del Estado nacional en el financiamiento de la educación superior, tal y como lo indica la Ley de Educación Superior N° 26.206 en sus artículos 1° y 2 reconociéndola como un bien público y un derecho humano personal y social.
La universidad argentina brindó 5 premios Nobeles al país y al mundo, también aportó en las luchas y reformas impulsadas por estudiantes, como la reforma de 1918 que inspiró a los demás movimientos estudiantiles en América. La reforma estableció la libertad de cátedra, autonomía y el cogobierno de las universidades que incluye a los estudiantes y docentes en el mismo.
En nuestro país, la educación pública funciona como el principal factor de movilidad social, permitiendo a los obreros y trabajadores convertirse en profesionales exitosos en todos los ámbitos, así mismo, la labor de los profesionales en la ciencia, técnica y en numerosos descubrimientos en el campo de la medicina, dan cuenta de que su calidad y excelencia son inobjetables; Como ejemplo de ello podemos citar a dos miembros de la academia nacional de medicina de EE.UU. Doctores Silvio Gutkind y Jorge Galán ambos egresados de universidades públicas.
Con la llegada al gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el ajuste que lleva adelante con la excusa del equilibrio fiscal, las universidades nacionales no fueron la excepción, el día 10 de Octubre pasado, la cámara de diputados de la nación confirmó el veto que realizó el presidente a la Ley de Financiamiento Universitario; ley que planteaba un aumento en el presupuesto destinado a infraestructura, aumento de salarios con actualización por inflación cada dos meses que garantizara el funcionamiento de las universidades. Este hecho generó un debate político y social acerca del tema (financiamiento universitario) además de protestas estudiantiles, reclamos mediante tomas de universidades y facultades alrededor de todo el país, que se mantienen hasta el día de hoy.
La versión oficial, la cual se replica en los medios hegemónicos de comunicación, que justifica la negación al incremento del presupuesto se centra en “las auditorías” a las universidades, las cuales ya se realizan a través de la Auditoría General de la Nación, guardando el respeto a la ley universitaria que establece la independencia y autonomía en sus gestiones. La Ley que establece específicamente los mecanismos sobre el manejo financiero de las universidades fue actualizada en 2015 por la ley 27.204, en su artículo 59 Bis dice “El control administrativo externo de las universidades de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General De la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de bienes y recursos”
Para ilustrar aún más la fuerza de la universidad pública y su importancia en nuestro país, se muestra un gráfico con los países de toda Latinoamérica y la cantidad de universidades públicas que poseen, Argentina se ubica en segundo lugar como el país con más universidades públicas con 80 universidades, después de Brasil que cuenta con 145.
Desde gobiernos anteriores las universidades vienen siendo atacadas y puestas en duda, como en el caso del expresidente Mauricio Macri quien en una oportunidad había declarado que “hay universidades por todos lados”. Se puede apreciar en el gráfico que nuestro país aunque se encuentre como el segundo país con más universidades de Latinoamérica, sigue teniendo un porcentaje bajo en relación a la cantidad de habitantes, por ejemplo, tiene una universidad cada 200.000 a 300.000 habitantes, mientras que en los restantes países y, en particular en México y Brasil (como los más importantes), tienen 1 universidad cada 100.000 habitantes; por lo que para igualar a ellos haría falta abrir muchas universidades más.
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En una declaración reciente el presidente en funciones dijo que a la universidad pública sólo asisten los “ricos”. El Departamento de Información universitaria, en su informe anual 2022 dejó ver que, alrededor del 80% de los estudiantes universitarios argentinos asisten a una universidad Pública y gratuita, aproximadamente 2.000.000 de jóvenes, en contraposición con lo dicho por el presidente.
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En los informes del anuario 2022 del Departamento de información universitaria Argentina, el porcentaje de mujeres que asisten a una universidad pública es superior a la población estudiantil masculina, este dato es de suma importancia puesto que, la independencia, la educación de las mujeres representa una reafirmación del lugar que le corresponde en la sociedad, luego de tantas luchas por lograr la igualdad de oportunidades. Supone un adelanto en el camino a la consecución del ODS 5 que pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y en la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas.
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De este breve informe podemos concluir que; toda la sociedad debería acompañar el reclamo de los estudiantes y de todos los que hacen al funcionamiento de las universidades públicas, docentes y no docentes, quienes están reclamando un derecho indispensable e indiscutible, como es garantizar la educación superior en nuestro país y la defensa de sus puestos de trabajo. La situación deja por demás en evidencia que no hay razón para negar el financiamiento basándose en la excusa de las auditorías. Y que sólo buscan confundir al pueblo y sociedad que escucha a los medios hegemónicos y demás fuentes de información, que están muy lejos de la realidad y lo que dice la ley.
Fuentes:
Ley de financiamiento universitario 26.206
Ley 27.204 modificación de la ley anterior