Los datos gubernamentales, universitarios y empresariales de América Latina circulan hoy, en su mayoría, por servidores administrados por tres corporaciones estadounidenses. Presento en este documento el marco legal que sostiene esa dependencia y explico por qué constituye un problema de soberanía tecnológica antes que una simple cuestión de infraestructura.

Sitúo este análisis dentro del concepto de colonialismo digital que propone Kwet (2019), quien sostiene que corporaciones estadounidenses ejercen control imperial sobre la arquitectura misma de la infraestructura digital global: software, hardware y conectividad. Esta lectura se complementa con la noción de colonialismo de datos de Couldry y Mejias (2019), quienes argumentan que la extracción continua de datos de la vida cotidiana constituye una nueva fase de apropiación al servicio del capitalismo, comparable en escala histórica al colonialismo territorial.

La soberanía tecnológica, tal como la empleo en este análisis, involucra al menos tres dimensiones que conviene distinguir. La primera es una dimensión de infraestructura, asociada al control efectivo sobre el hardware, el software y las redes de conectividad que sostienen el ecosistema digital — el nivel en el que Kwet (2019) sitúa el ejercicio de control imperial de las corporaciones estadounidenses. La segunda es una dimensión jurisdiccional, asociada al marco legal que determina quién puede exigir acceso a los datos con independencia de su ubicación geográfica; ese es, precisamente, el terreno en el que opera el CLOUD Act. La tercera, quizá la más decisiva, es una dimensión epistémico-política: la capacidad de una sociedad para diseñar, auditar y decidir sobre los sistemas técnicos que median su vida económica, administrativa y cultural. Couldry y Mejias (2019) ubican esta última dimensión en el centro de su argumento cuando describen la constitución de lo que llaman un "sector de cuantificación social": una estructura que extrae valor de la vida cotidiana de manera continua, comparable en escala histórica a la apropiación colonial de territorio y trabajo, aunque distinta en su mecanismo concreto. Conviene añadir un dato que sitúa esta discusión más allá de América Latina: en julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el marco Privacy Shield que amparaba las transferencias comerciales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, al concluir que la legislación de vigilancia estadounidense no garantizaba un nivel de protección equivalente al exigido por el derecho europeo (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-311/18, 2020). Que un bloque con el peso regulatorio de la Unión Europea haya debido litigar durante años para llegar a esa conclusión sitúa el problema en su verdadera escala, la tensión entre infraestructura extranjera y jurisdicción propia describe una característica estructural de cualquier arquitectura digital dependiente de un proveedor sometido a un único marco legal externo, independientemente del nivel de desarrollo tecnológico de quien la padece.

1. El marco legal: el CLOUD Act

En marzo de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), incorporada dentro de una ley de asignaciones presupuestarias sin un debate legislativo propio en el pleno (Pub. L. 115-141). La norma modifica el Código de Estados Unidos (18 U.S.C. § 2713) y establece que los proveedores de servicios electrónicos deben entregar los datos bajo su posesión, custodia o control, sin importar el país donde estén almacenados los servidores (CLOUD Act, 2018).

2. Un alcance sin fronteras

Cuando un gobierno, una universidad o una empresa latinoamericana almacena su información con un proveedor estadounidense, esa empresa puede recibir una orden judicial de Estados Unidos exigiendo la entrega de esos datos, incluso si el servidor físico se encuentra en Brasil, Chile o México. La ubicación del servidor deja de ser el criterio relevante: lo que determina la jurisdicción es la nacionalidad de la empresa proveedora, no el territorio donde reside la infraestructura.

3. Una dependencia estructural

Esta dependencia no es marginal. Estimaciones atribuidas a IDC (2022) sitúan a Amazon Web Services en aproximadamente el 30% del mercado de infraestructura en la nube en América Latina, a Microsoft Azure en alrededor del 20% y a Google Cloud en cerca del 8%. Esta cifra es referencial y debe verificarse en el informe primario antes de reutilizarse en otro contexto; incluso como estimación aproximada, ilustra que una parte considerable de la inversión regional en infraestructura de nube permanece en manos de un número reducido de corporaciones con sede en Estados Unidos.

4. El matiz necesario

Amazon Web Services declara, en su reporte de transparencia, no haber entregado datos de contenido empresarial o gubernamental almacenados fuera de Estados Unidos desde que comenzó a reportar esta cifra en 2020 (Amazon Web Services, s.f.). Este dato no contradice el argumento central de este análisis: la capacidad legal para exigir esos datos existe con independencia de la frecuencia con que se ejerza. Ambas afirmaciones son ciertas de manera simultánea y conviene presentarlas juntas para no simplificar el problema.

5. Por qué importa

El riesgo que se describe no depende de que Estados Unidos ejerza esta facultad de manera cotidiana. Depende de que puede ejercerla cuando lo decida, y ningún gobierno latinoamericano tiene capacidad de impedirlo dentro de su propio territorio digital. La soberanía tecnológica implica, en consecuencia, decidir quién puede solicitar acceso a los datos, además de decidir dónde se almacenan físicamente.

Se sostiene que la soberanía tecnológica tiene valor propio para América Latina, más allá de su función defensiva frente a la extracción de datos que describen Kwet (2019) y Couldry y Mejias (2019). Construir capacidad regional de infraestructura, alojamiento y procesamiento de datos permite definir estándares de protección y privacidad ajustados al contexto jurídico y social de cada país, en lugar de heredarlos de un balance de intereses resuelto en tribunales extranjeros. Permite también retener y formar talento técnico local, reducir la exposición a modelos de facturación denominados en divisas externas y a decisiones unilaterales de precios de las corporaciones proveedoras, y diseñar sistemas de administración pública, salud y educación adaptados a las necesidades reales de la región, en vez de adoptar arquitecturas pensadas originalmente para otros mercados. Fortalece, además, la rendición de cuentas democrática: una infraestructura sujeta a jurisdicción nacional puede auditarse y regularse a través de mecanismos a los que la ciudadanía tiene acceso directo, sus propios tribunales, su propio congreso y sus propios organismos reguladores (en lugar de depender de procesos judiciales y de escrutinio civil que ocurren en otro país). Nada de esto exige idealizar el camino: construir infraestructura propia tiene costos reales de capital, de escala y de tiempo, y conviene no reemplazar una dependencia por otra, por ejemplo, sustituyendo proveedores estadounidenses por proveedores chinos sin someter a estos últimos al mismo escrutinio. Pero el argumento de fondo se sostiene con o sin esa cautela: la región tiene razones propias, más allá de la respuesta a un riesgo externo, para invertir en su propia capacidad tecnológica.

Se presenta este análisis como punto de partida de una serie sobre geopolítica tecnológica en Occidente, que en próximas entregas abordará casos concretos de infraestructura digital y dependencia estructural en la región.

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) AGct. Recuperado de: https://aws.amazon.com/compliance/cloud-act/

CLOUD Act, H.R. 4943, 115th Cong. (2018), Pub. L. No. 115-141, div. V. Recuperado de: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text

Couldry, N. & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.

International Data Corporation. (2022). [Estimación de cuota de mercado de infraestructura en la nube en América Latina]. Cifra referencial, pendiente de verificación en el informe primario.

Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. Race & Class, 60(4), 3–26. https://doi.org/10.1177/0306396818823172

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020). Sentencia en el asunto C-311/18, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited y Maximillian Schrems, 16 de julio de 2020. Recuperado de:

 https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091es.pdf