Resumen

El 23 de marzo de 1976 entró en vigor el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por aquellas horas las Fuerzas Armadas en Argentina ajustaban los detalles del sexto golpe de Estado que violaría el orden constitucional derrocando al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Una vez en el poder implementaran un plan de sistemático de persecución, secuestro, tortura, asesinato, desaparición de personas opositoras a la dictadura militar que incluyo hasta el robo y apropiación de identidad de los hijos de las víctimas.

El PIDCP protege los derechos a la vida (artículo 6), a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9), a la libre circulación (artículo 12), a la justicia (artículo 14), a la privacidad (artículo 16), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18), a la libertad de opinión y de expresión (artículo 19), de reunión pacífica (artículo 21), de asociación (artículo 22), a la familia y al matrimonio (artículo 23), a la protección del menor (artículo 24) y a la participación política (artículo 25) entre otros, enumeración que bien podría ser una descripción de todas las violaciones perpetuadas por las ultimas dictaduras militares en el cono sur.

Desde aquellos días movilizarse el 24 de marzo en Argentina se convirtió en un hito democrático. Este 24 que pasó no fue la excepción y se convirtió en el canal para expresar la potencia democrática de la sociedad argentina frente a los discursos que niegan o reivindican los crímenes cometidos por la última dictadura militar.

El gobierno argentino del presidente Javier MIlei, decidió presentar un video con testimonios y discursos que no hicieron mención a los crímenes de Lesa humanidad cometidos por la dictadura y por el contrario enrolados en la supuesta “memoria completa” retomaron viejas teorías que equiparan la violencia política de las organizaciones armadas con la violencia sistemática del Estado, teorías por la que la existencia de la primera justificara que la segunda se implantará de manera ilegal y clandestina violando todos los derechos humanos posible.

Por su parte la política exterior y las relaciones internacionales del gobierno de Javier Milei busca encuadrarse en el denominado “mundo libre” de las democracias occidentales, las cuales fueron las principales impulsoras del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese “mundo libre” son admirados los juzgamientos a los delitos de Lesa humanidad y el genocidio perpetuado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en nuestro país. Argentina es reconocida internacionalmente como el único país de Sudamérica que juzgó a sus dictadores con leyes civiles y tribunales nacionales. Los organismos de derechos humanos de la sociedad civil son admirados y reconocidos por todo el mundo, entre las que se destacan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo quienes son tomadas de ejemplo por otras víctimas de genocidios y terrorismo de Estado.

La justicia argentina ya investigó, probó, juzgó y condenó los crímenes de Lesa humanidad cometidos en un plan sistemático implementado desde el Estado de manera ilegal y clandestina, sin debidos procesos ni garantías constitucionales propias de un Estado de derecho y finalmente desestimó cualquier equiparación a los delitos cometidos por las organizaciones armadas, delitos que deberían haber sido investigados y juzgados legalmente, quienes además no fueron los únicos objetivos de la persecución que incluyo a intelectuales, artistas, sacerdotes, periodistas, docentes, abogados, campesinos, trabajadores y todo aquel que pretendiera cuestionar a la dictadura cívico militar.