Entre la Hegemonía y la Soberanía: La Escalada Trump-Petro como Expresión de la Dominación Geopolítica en América Latina

 Camila Lucia Campos[1]

RESUMEN

El presente artículo analiza la confrontación entre Donald Trump y Gustavo Petro durante 2025, manifestada en la descertificación de Colombia (15 de septiembre) y las sanciones OFAC al presidente colombiano (24 de octubre). Mediante la Teoría Geopolítica Crítica de Atilio Boron, el estudio demuestra que estos eventos no constituyen respuestas técnicas a problemas de narcotráfico, sino expresiones de una dominación imperial estructural de Estados Unidos sobre América Latina. El artículo contextualiza el histórico Plan Colombia como instrumento de control geopolítico más allá de sus objetivos oficiales antidrogas, identificando los intereses estadounidenses en la región: acceso a recursos estratégicos (petróleo venezolano, minerales), control del Caribe y contención de Gobierno progresistas. La escalada Trump-Petro refleja el choque entre una «constelación de derechas radicales» global (Traverso) y Gobiernos antiimperialistas que desafía la hegemonía estadounidense. El análisis integra documentos primarios (comunicados diplomáticos, discursos presidenciales), datos de Seguridad (UNODC, operaciones militares estadounidense) y fuentes especializadas. Se concluye que la confrontación evidencia la persistencia de lógicas de dominación hemisférica y la militarización de la política antidrogas como mecanismo de control regional, ratificando la teoría baroneana sobre la geopolítica imperialista en América Latina.

Palabras clave: Donald Trump; Geopolítica imperialista; Hegemonía estadounidense; Relaciones Internacionales en América Latina.

ABSTRACT

This article analyzes the geopolitical confrontation between Donald Trump and Gustavo Petro during 2025, manifested in Colombia’s decertification (September 15) and OFAC sanctions against the Colombian president (October 24). Through the critical geopolitical theory of Atilio Boron, the study demonstrates that these events are not technical responses to drug-trafficking problems, but rather expressions of structural imperial domination by the United States over Latin America. The article contextualizes the historic Plan Colombia as a geopolitical control instrument beyond its official anti-drug objectives, identifying U.S. interests in the region: access to strategic resources (Venezuelan oil, minerals), Caribbean control, and containment of progressive governments. The Trump-Petro escalation reflects the clash between a global “constellation of radical rights” (Traverso) and anti-imperialist governments challenging U.S. hegemony. The analysis integrates primary documents (diplomatic communiqués, presidential speeches), security data (UNODC, U.S. military operations), and specialized sources. It concludes that the confrontation evidences the persistence of hemispheric domination logics and the militarization of anti-drug policy as a mechanism of regional control, ratifying Boronian theory regarding imperialist geopolitics in Latin America.

Keywords: Donald Trump; Imperialist Geopolitical; International Relations Latin America; Sovereignty and regional security.

1. Introducción

Desde el retorno de Donald Trump al poder, el 20 de enero de 2025, al asumir su segundo mandato como Presidente, la política exterior de Estados Unidos ha vuelto a ocupar el centro de atención de los medios internacionales. Sus medidas securitarias y discursos, marcados por tono confrontativo, han generado fuertes controversias y reacciones tanto dentro como fuera del país. Trump ha dirigido su retórica contra la clase política tradicional, los inmigrantes, las teorías de género, los movimientos feministas, las comunidades afroamericanas de los suburbios, los musulmanes y los ecologistas, entre otros grupos a los que presenta como enemigos de su proyecto político.

En este artículo, dos hechos relevantes del corriente año evidencian las confrontaciones que el mandatario estadounidense ha cosechado desde su regreso a la Casa Blanca. Ambos sucesos se centran en su relación con Colombia, país que históricamente ha ocupado un lugar clave en la política exterior de EE. UU., tanto por su papel como aliado en la lucha antinarcóticos como por su condición de enclave geopolítico en América Latina. Este último aspecto será abordado a partir del enfoque geopolítico crítico del politólogo y sociólogo argentino Atilio A. Boron (2020), cuya teoría sobre el imperialismo resulta fundamental para comprender que detrás de la narrativa oficial de «seguridad hemisférica» se encuentran intereses estratégicos de dominación estructural.

El primer hecho es la descertificación de Colombia, anunciada el 15 de septiembre de 2025 por el Gobierno estadounidense, a través de un comunicado oficial, en el marco de su política de control contra las drogas. En dicho comunicado se considera que el país sudamericano no ha cumplido con los compromisos asumidos en la lucha contra el narcotráfico, motivo por el cual se le retira su certificación como Estado que coopera con los EE. UU. para combatir la producción y distribución de drogas y de cuya certificación depende la entrega de millones de dólares. No obstante, se invoca una exención por interés nacional, evitando sí una ruptura definitiva y permitiendo que la cooperación bilateral continúe por ser vital para los intereses estratégicos de Washington (U.S. Departament of State, 2025). Este anuncio, sin embargo, posee un trasfondo político: constituye un mensaje de advertencia dirigido al Gobierno colombiano.

El segundo hecho corresponde a las sanciones personales impuestas el viernes 24 de octubre de2025 a Gustavo Petro, presidente de Colombia, así como a su esposa e hijo, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), por supuestamente haber «contribuido» a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción (BBC News Mundo, 2025). Cabe aclarar que la OFAC depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y aplica programas de sanciones económicas contra países y grupos de personas —como terroristas y narcotraficantes— considerados una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior estadounidense (U.S. Departamento del Tesoro, n.d.).

En este artículo, la medida punitiva contra Petro no solo ubica como supuesto cómplice del aumento en la producción de drogas en Colombia, sino que además lo presente como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este acto, cargado de simbolismo y autoridad sobre el Gobierno colombiano, coincide con un momento en que Bogotá ha mostrado un distanciamiento ideológico respecto del gobierno republicano de Trump y un desacuerdo con su política exterior, especialmente en materia antidrogas, caracterizada por una creciente militarización y por operaciones ofensivas —ataques— en el Mar Caribe contra presuntas embarcaciones narco.

Donald Trump, un líder mediático y disruptivo, término empleado para subrayar su irrupción en la política estadounidense sin pertenecer a la clase política tradicional ni contar con trayectoria previa, logró posicionarse como un actor desafiante de las élites políticas tradicionales[2] (Fabra, 2024). No obstante, Trump no constituye un fenómeno aislado, sino la expresión de una tendencia mundial de resurgimiento de las derechas, ahora radicalizadas. Junto a él, pueden identificarse otros dirigentes de esta nueva oleada de extrema derecha —Milei, Meloni, Orbán, Le Pen, Bolsonaro—, cada uno con rasgos nacionales particulares, pero que en conjunto representan una corriente global que cuestiona el orden liberal internacional y los fundamentos de la globalización (Traverso, 2025).

En las antípodas de esta constelación de derechas radicales —en la terminología del autor Enzo Traverso— se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, líder de izquierda con una marcada visión antiimperialista, quien ha protagonizado tensiones y enfrentamientos discursivos con el mandatario norteamericano[3]. Los desacuerdos en torno a temas como la inmigración y la lucha contra las drogas derivaron en la descertificación de Colombia y, en el mes de octubre, Trump anunció —a través de su red Truth Social— la suspensión de subsidios y pagos destinados a Colombia (Trump, 2025), que el país sudamericano recibe desde hace casi treinta años, en una clara escalada de tensiones entre ambos gobiernos.

Figura 1 – Anuncio de la Suspensión de Recursos a Colombia en Truth Social

Fuente: G1 (2025).

El anuncio de la suspensión de la ayuda económica no fue todo. Fiel a su carácter desafiante, el Presidente estadounidense concluyó su comunicado acusando a Petro de ser un «líder de drogas ilícitas» y con una advertencia: si Colombia no pone fin a los campos de producción de drogas —a los que Trump denominó de «campos de exterminio»—, Estados Unidos se encargará de hacerlo, y no de «forma amable» (Trump, 2025). Dicha advertencia fue interpretada por la Cancillería de Colombia como una amenaza directa contra la soberanía nacional.

El comunicado de prensa emitido por la Cancillería, el pasado 19 de octubre de 2025, rechaza enérgicamente las declaraciones ofensivas hacia el Presidente colombiano, señalando que el mandatario ha luchado de manera incansable contra el narcotráfico en el país, logrando durante su gobierno «las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás registradas en la historia reciente». Asimismo, el cuerpo diplomático rechazó la amenaza que implica una intervención ilegal en el territorio colombiano, recordando que transgrede las normas del Derecho Internacional, y que Colombia ha sido «históricamente un aliado valioso en la lucha contra las drogas en la región y en el mundo» (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2025).

 
 Figura 2 – Comunicado de Prensa de la Chancillería de Colombia ante amenazas de EE. UU.

Fuente: Chancillería de Colombia (2025).

Los lazos estratégicos entre Estados Unidos y Colombia tienen una larga historia que se remonta a comienzos de los años 2000, con la implementación del denominado Plan Colombia (Rosen; Martinez, 2016). Este programa consistió en una multimillonaria asistencia de seguridad otorgada por EE. UU., destinada a enfrentar un conflicto interno complejo, en el cual coexistían una profunda crisis social, la violencia derivada de la actividad guerrillera, una crisis de seguridad y el avance del narcotráfico (Tokatlian, 2001). La construcción de estos vínculos ha servido a los intereses de ambos países. Desde una perspectiva geopolítica, para comprender las tensiones entre los actuales mandatarios, resulta necesario analizar este enfrentamiento considerando lo que implica para Estados Unidos contar con un enclave estratégico en Colombia, así como lo que ha significado para este país haber sido —hasta hace poco— el principal aliado estadounidense en Sudamérica en materia de seguridad y defensa.

La producción y el tráfico de drogas es un grave problema que atraviesa a los Andes desde la década de los 1990. Para los años 2000 Colombia se había convertido en el primer productor y traficante de cocaína en el mundo superando a sus países vecinos como Perú y Bolivia. En contraparte, la «Guerra contra las Drogas» siempre ha sido una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos, pues cualquier situación que amenace la seguridad del país se convierte en una prioridad para el Gobierno norteamericano. Fue el presidente Richard Nixon quien en 1971 ya había dado inicio a la «Guerra contra las Drogas». En la misma línea lo siguió Ronald Reagan en los años 1980 convirtiendo a esta lucha en el primer objetivo y prioridad de la Seguridad Nacional de su administración al declarar mediante una directiva presidencial que las drogas constituían una amenaza letal para EE. UU, implementando programas importantes, como la Operation Blast Furnance (OBF) dirigida a localizar y destruir laboratorios y centros de producción de cocaína en Bolivia (Rosen; Martinez, 2016).

Con el programa Plan Colombia —diseñado en el Palacio de Nariño por sugerencia de la Casa Blanca— durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (1993-2001), se puso en marcha una estrategia de asistencia militar, económica y logística de Estados Unidos hacia Colombia, destinada a combatir y erradicar el cultivo y tráfico de drogas provenientes de la región andina y fortalecer la seguridad del Estado colombiano frente a grupos armados. El Plan implicó la transferencia de millones de dólares en asistencia antidrogas, cuyo principal receptor fue el Ejército Colombiano. La lógica subyacente consistió en fortalecer el «garrote» —es decir, el poder de fuego y el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas— con el fin de equilibrar el dominio territorial de la guerrilla y la amplia influencia regional del narcotráfico (Tokatlian, 2001). A partir de este acuerdo, Colombia se consolidó como uno de los socios estratégicos más relevantes de Estados Unidos en América del Sur en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Clinton, al igual que sus predecesores, consideró al narcotráfico en Colombia como una amenaza potencial para la seguridad de Estados Unidos. Por su parte, su homólogo colombiano reconoció la necesidad de recibir apoyo estadounidense para enfrentar la inseguridad y desarticular los cárteles de droga.

Ahora bien, cabe preguntarse si la lucha antinarcóticos fue el único motivo por el cual Estados Unidos destinó cuantiosos recursos económicos y militares a Colombia, o si, en realidad, la influencia estadounidense en el país responde también a otros intereses de mayor alcance, vinculados con el control de recursos estratégicos en América Latina y con la intervención en los procesos internos de los países que integran lo que Washington considera su «área de influencia».

Atilio Boron (2020) explica en su libro América Latina en la geopolítica del imperialismo, que, en la ayuda militar brindada a Colombia, Estados Unidos asegura sus objetivos estratégicos: la inserción en la rica región latinoamericana, el control del mar Caribe y una posición de cercanía con Venezuela, donde yace una gran reserva de petróleo crudo. Y es que América Latina siempre ha sido un asunto prioritario de la política exterior estadounidense; es en esta región donde, sin dudas, ha garantizado históricamente la hegemonía de su poder.

Boron (2020) señala que mientras existan en nuestra región riquezas, suministros estratégicos que Estados Unidos necesite para su producción y patrón de consumo (Petróleo, gas, minerales como el litio), existirán planes estratégicos y ofensivas para asegurarse un acceso privilegiado a los mismos. Esta es la razón que ha conducido a una creciente militarización de las relaciones hemisféricas por parte de la potencia que se considera a sí misma como protectora de Occidente y de las democracias y sociedades libres, papel que ha utilizado durante años como excusa para intervenir directamente en los asuntos internos de numerosos países.

Pero existe una condición necesaria para que los mandatarios estadounidenses puedan ejercer su control y dominio sobre la región, los mercados y nuestros recursos naturales. Esta condición son gobiernos latinoamericanos al servicio de los intereses de Washington. Esto quiere decir, aliados ideológicos. Y el Presidente Petro, en Colombia, no es uno de ellos.

El gobierno de Gustavo Petro representa un obstáculo para los planes estratégicos de Trump en la región. A lo largo del transcurso de 2025, en reiteradas ocasiones el colombiano ha desaprobado y obstaculizado las medidas de la Administración Trump. A principio de año, las deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular y un trato indigno hacia ellos, causó que Petro bloqueará el ingreso de aviones militares estadounidenses a Colombia con migrantes deportados por no haber establecido un protocolo de tratamiento digno. Petro expresó a través de redes sociales que «un migrante no es un delincuente» en claro desacuerdo con las políticas de la Casa Blanca (DW News, 2025).

Este episodio marcó solo el inicio de una serie de tensiones sostenidas entre ambos ejecutivos, reflejando diferencias sobre la seguridad regional y la soberanía nacional. El presidente colombiano volvió a cuestionar las decisiones de Donald Trump, esta vez respecto al despliegue de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el Caribe, ordenado por el Pentágono desde inicios de septiembre como parte de lo que se presenta como una operación antidrogas. Trump ha caracterizado estas acciones como parte de «la guerra contra el narcotráfico». Según el portal Euronews (2025), el Pentágono sostiene que la campaña militar busca «detectar, vigilar e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad del hemisferio occidental». Este tipo de intervenciones no solo pone en tensión la relación bilateral, sino que evidencia la persistente estrategia de Estados Unidos de proyectar su poder militar en América Latina, tratando de condicionar la política regional bajo la narrativa de seguridad hemisférica, lo que genera fricciones con gobiernos que perciben estas acciones como una limitación a su soberanía.

Desde el despliegue militar estadounidense, según informó CNN en Español (2025), se han registrado ataques con proyectiles contra catorce embarcaciones supuestamente involucradas en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El número de víctimas reportadas asciende a 57. Sin embargo, solo se puede hipotetizar que se trataba de «narcolanchas», dado que ni el Departamento de Estado ni el Pentágono han proporcionado pruebas que respalden tales afirmaciones.

El 17 de octubre de 2025, en uno de estos ataques —que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que estaban vinculados con «organizaciones terroristas»— fue asesinado un ciudadano colombiano que, según el presidente Gustavo Petro, era un pescador inocente. Este hecho derivó en un nuevo enfrentamiento diplomático entre Petro y el presidente Donald Trump, así como en la acusación del gobierno colombiano contra Washington por violar la soberanía nacional (CNN en Español, 2025).

Dos días después de que el gobierno de Petro denunciara públicamente el incidente, Trump respondió con una serie de medidas de carácter punitivo: la suspensión de subsidios y transferencias económicas hacia Colombia, la acusación de que Petro sería «líder del narcotráfico» en el país, la declaración de que Colombia estaba «incumpliendo manifiestamente» sus responsabilidades en materia de control de drogas y la denuncia, según el gobierno estadounidense, de que Petro habría otorgado beneficios a «organizaciones narcoterroristas» (BBC News Mundo, 2025). Es este un ejemplo de castigo a gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington o que confrontan con los mismos.

Retomando a Atilio Boron (2020), el dominio de América Latina ha constituido históricamente una prioridad para el gobierno de Washington. Al tratarse de su región vecina, Estados Unidos la considera su hinterland, es decir, su área de seguridad estratégica y un vasto depósito de recursos naturales. Para sostener su poder «imperial» —en la terminología de Boron— estos factores explican las numerosas intervenciones militares, bloqueos económicos y campañas de desestabilización en la región.

Desde el análisis geopolítico del autor, detrás de las grandes «ayudas militares» a Colombia se ocultan los verdaderos intereses de Estados Unidos: mantener su dominio en el continente y garantizar una posición de cercanía y control frente a Venezuela, país que desde el gobierno de Hugo Chávez hasta la actualidad desafía la hegemonía estadounidense y posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo.

La creciente militarización del mar Caribe constituye, asimismo, un objetivo de la política exterior estadounidense que, aunque se justifique bajo la premisa del fortalecimiento de la seguridad nacional, no puede desvincularse de su estrategia de control regional. Es cierto que, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2025), gran parte de las drogas producidas en Colombia y otros países andinos —como Perú y Bolivia— tienen como principal destino el mercado estadounidense, lo que incide directamente en su sociedad a través del consumo. El Informe Mundial sobre las Drogas (UNODC, 2025) indica que la producción global de cocaína alcanzó en 2023 un máximo histórico de 3.708 toneladas, concentrándose el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca en Colombia, desde donde el tráfico se dirige principalmente por vía marítima hacia Estados Unidos y otros países del continente.

Sin embargo, para Boron (2020), planes como el denominado Plan Colombia, el Acuerdo Obama-Uribe (2009) —por el cual se concedía a Estados Unidos el uso de al menos siete bases militares, y el país anfitrión renunciaba a cualquier tipo de control sobre armamentos, equipos o personal ingresado al territorio colombiano—, y que posteriormente la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto por no haberse sometido el convenio al Congreso, como lo dispone la Constitución en materia de tratados internacionales, o la actual campaña de «Guerra contra las Drogas», presentados oficialmente como estrategias para combatir el narcotráfico, tienen en realidad como «objetivo posicionarse en la región con tropas y equipos a la espera del momento oportuno para pasar a la ofensiva» (Boron, 2020, p. 82).

2. Metodología

El presente estudio corresponde a una investigación cualitativa de carácter exploratorio-descriptivo, fundamentada en análisis documental y análisis de discurso. Se trata de un estudio de caso que examina la confrontación geopolítica entre Donald Trump y Gustavo Petro durante el período de enero a octubre de 2025, con el objetivo de interpretar los procesos de dominación geopolítica más que cuantificar variables. El carácter exploratorio-descriptivo permite examinar los eventos de 2025 como manifestación de estructuras profundas de poder, mientras que el enfoque de estudio de caso facilita el análisis intensivo de un fenómeno particular para extraer conclusiones sobre patrones más amplios de relaciones hemisféricas.

El corpus de investigación se fundamenta en múltiples tipos de fuentes que proporcionan una perspectiva triangulada. En primer lugar, se utilizan documentos primarios tales como comunicados oficiales del Departamento de Estado estadounidense, específicamente la Determinación Presidencial sobre descertificación del 15 de septiembre de 2025, memorandos presidenciales, comunicados diplomáticos de la Cancillería de Colombia fechados el 19 de octubre de 2025, discursos presidenciales pronunciados en foros internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025, y declaraciones públicas en redes sociales (Truth Social, Twitter/X) de ambos mandatarios. Estos documentos primarios permiten acceder directamente a las posiciones oficiales y el discurso político de los actores analizados.

En segundo lugar, la investigación incorpora fuentes secundarias especializadas que proporcionan el marco teórico necesario. Se incluye literatura académica sobre geopolítica crítica latinoamericana, particularmente los trabajos de Atilio Boron sobre imperialismo, así como contribuciones de autores como Juan Gabriel Tokatlian y Luis Fernando Ayerbe que abordan las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Asimismo, se consultan teorías sobre securitización de autores como Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap De Wilde, que permiten comprender cómo temas como el narcotráfico se construyen discursivamente como «amenazas existenciales» justificando intervenciones excepcionales. Se incorporan también estudios académicos específicos sobre el Plan Colombia, así como análisis contemporáneos sobre la nueva derecha global, particularmente el trabajo de Enzo Traverso sobre la «constelación de derechas radicales». Finalmente, se consultan informes especializados de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que proporciona datos sobre producción de cocaína, rutas de tráfico y dinámicas de seguridad regional.

En tercer lugar, se utilizan fuentes periodísticas de medios internacionales acreditados como BBC News Mundo, CNN en Español, DW y Euronews, que proporcionan cobertura de los eventos ocurridos durante 2025. Si bien la prensa no constituye una fuente primaria académica en el sentido tradicional, su incorporación es metodológicamente justificable dado que los eventos analizados son contemporáneos y de acceso público reciente. Estas fuentes se utilizan como insumo informativo complementario para la sistematización cronológica de los hechos, siempre validando la información mediante triangulación con múltiples medios y comparación con declaraciones oficiales.

Los procedimientos de análisis se estructuran en cuatro etapas principales. La primera consiste en la sistematización cronológica y documental rigurosa de los eventos ocurridos entre enero y octubre de 2025, organizando temporalmente la secuencia de confrontaciones desde las tensiones iniciales sobre deportaciones masivas hasta las sanciones OFAC contra el presidente Petro. La segunda etapa implica la triangulación de fuentes primarias y secundarias para validar información y evitar sesgos de una única fuente. La tercera etapa corresponde al análisis crítico del discurso mediante el marco teórico de Atilio Boron sobre geopolítica imperialista, identificando cómo la narrativa oficial de «seguridad hemisférica» y «guerra contra las drogas» encubre intereses de dominación estratégica, acceso a recursos naturales y control territorial. Finalmente, la cuarta etapa consiste en la identificación de patrones transversales de dominación hemisférica, represalias contra gobiernos que desafían la hegemonía estadounidense, y militarización de la región caribeña como mecanismo de proyección de poder.

El recorte temporal del análisis se circunscribe principalmente al año 2025, con énfasis en los eventos de enero a octubre, período que abarca desde las primeras tensiones sobre deportaciones masivas hasta las sanciones OFAC contra el presidente Petro. No obstante, se incluye contextualización histórica del Plan Colombia en los años 2000 y referencias a décadas previas de la «guerra contra las drogas» que se remonta a 1971, con el fin de establecer continuidades en las lógicas de dominación imperial y demostrar que los eventos de 2025 no constituyen rupturas sino manifestaciones recientes de patrones históricos más profundos.

El estudio reconoce explícitamente sus limitaciones metodológicas. Los eventos analizados se encuentran aún en desarrollo al momento de redacción en octubre-noviembre de 2025, lo que impide una evaluación completa de consecuencias a largo plazo y desdoblamientos futuros. Existe también acceso limitado a documentos clasificados de seguridad nacional estadounidense y colombiana, por lo que el análisis se basa fundamentalmente en declaraciones públicas y documentos de acceso público, lo que potencialmente excluye dimensiones de negociación diplomática privada. La predominancia de fuentes secundarias y periodísticas se debe a la contemporaneidad de los hechos, lo que requiere validación constante mediante triangulación entre múltiples fuentes periodísticas independientes. La perspectiva temporal acotada impide realizar comparaciones sistemáticas con otras administraciones estadounidenses, aunque se incluyen referencias históricas al Plan Colombia bajo Clinton y eventos de la era Bush. Finalmente, la investigación se limita a idiomas de investigación principalmente español e inglés, excluyendo potencialmente fuentes en otras lenguas. A pesar de estas limitaciones, el estudio mantiene rigor metodológico al preservar transparencia explícita en los procedimientos, validar información mediante múltiples fuentes independientes y aplicar consistentemente un marco teórico claro y fundamentado en la geopolítica crítica de Boron al análisis de todos los eventos.

3. Securitización del Narcotráfico y Dominación Hemisférica: La Construcción Discursiva de la «Amenaza»

La confrontación Trump-Petro de 2025 no puede entenderse sin reconocer cómo Estados Unidos ha construido discursivamente el narcotráfico como amenaza existencial que justifica una intervención militar creciente. La Escuela de Copenhague, particularmente los aportes de Barry Buzan y Ole Wæver sobre la securitización, proporciona herramientas analíticas cruciales para este análisis. Según Buzan y Wæver (1998), la seguridad no resulta de amenazas objetivas sino de actos discursivos mediante los cuales actores políticos relevantes formulan ciertos temas como amenazas existenciales. Una vez securitizado un asunto, se justifican medidas extraordinarias que rompen con normas políticas ordinarias.

En el caso de Colombia, el narcotráfico ha sido securitizado de manera progresiva desde Nixon (1971) hasta hoy. La narrativa oficial presenta las drogas producidas en Colombia como amenaza directa a la seguridad estadounidense, lo que legitimó primero el Plan Colombia (2000), luego el Acuerdo Obama-Uribe (2009), y finalmente el despliegue militar de Trump en el Caribe (2025). Sin embargo, esta construcción oculta objetivos geopolíticos más amplios: control de recursos (petróleo venezolano, litio, cobre), dominio del Caribe como zona de influencia estratégica, y subordinación de Gobierno que resisten la hegemonía estadounidense.

La Doctrina Monroe (1823) establece el marco histórico fundamental para comprender esta lógica. Aunque originalmente presentada como defensa contra recolonización europea, la Doctrina Monroe evolucionó hacia justificación de expansionismo estadounidense. La frase «América para los americanos» encubrió siglos de intervención militar, dominio económico y subordinación política de naciones latinoamericanas. En el contexto de 2025, la Doctrina Monroe persiste bajo nuevas formas: ya no intervencionismo directo de cañoneras, sino securitización de temas particulares (narcotráfico, migración, terrorismo) que autoriza operaciones militares, sanciones económicas y represalias diplomáticas contra Gobiernos desobedientes.

Arlene Tickner (2004) ha analizado cómo la «inseguridad colombiana» fue construida mediante dinámicas políticas internas estadounidenses, transformando la percepción de un conflicto civil colombiano en «amenaza regional». Esta securitización permitió militarización progresiva de la frontera colombiana, despliegue de bases estadounidenses, y finalmente operaciones militares en el Caribe sin consentimiento soberano de poblaciones civiles. El narcotráfico funcionó como justificación discursiva ideal: lo suficientemente amenazante para autorizar medidas extraordinarias, lo suficientemente vago para permitir expansión de objetivos más allá de lo declarado.

En 2025, Trump reactualiza esta lógica de securitización con intensidad sin precedentes. La desertificación de Colombia (15 de septiembre) declara que el país «no ha cumplido» responsabilidades antidrogas, aunque datos de UNODC (2025) muestren que las incautaciones colombianas bajo Petro alcanzaron máximos históricos. La inconsistencia entre hechos y narrativa oficial evidencia que la descertificación no responde a análisis técnico sino a castigo político. Las sanciones OFAC contra Petro (24 de octubre) van más lejos: lo ubican en la categoría de «narcotraficante especialmente designado», equiparándolo con criminales, no con jefe de Estado. Finalmente, las amenazas de intervención militar directa representan la ruptura última con normas de Derecho Internacional: Trump anuncia que, si Colombia no actúa, Estados Unidos lo hará «no de forma amable», violando soberanía territorial[4].

Lo que unifica estos eventos es la matriz de dominación que describe Boron (2020): mientras existan recursos estratégicos que Estados Unidos requiera en la región, existirán justificaciones discursivas (securitización del narcotráfico) para intervención militar, presión económica y represalias contra Gobiernos que rechacen subordinación[5]. La diferencia en 2025 radica en la resistencia explícita de Petro: a diferencia de Gobierno anteriores, Petro rechaza abiertamente la «zona de influencia» estadounidense, bloqueando deportaciones indígenas, cuestionando despliegues militares, denunciando muertes civiles. Esta desobediencia genera la escalada de castigo que observamos.

La securitización, como advierte Buzan y Wæver (1998), puede legitimar violaciones de derechos humanos cuando Gobiernos adoptan «medidas extraordinarias» justificadas por amenazas existenciales. En Colombia, el ciclo de securitización ha generado: desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, ocupación de territorios indígenas por operaciones militares estadounidenses y colombianas, y subordinación de políticas soberanas a agendas dictadas desde Washington. Petro representa un intento de «desecuritización»: devolver el narcotráfico al debate político ordinario, tratarlo mediante políticas públicas domésticas, no mediante militarización. Esta posición explica por qué Trump lo sanciona: no por incompetencia en combate antidrogas, sino por desafío a la lógica misma de dominación imperial.

4. Consideraciones Finales

La confrontación entre Donald Trump y Gustavo Petro durante 2025 constituye un caso paradigmático de cómo la dominación geopolítica imperial persiste en el siglo XXI bajo nuevas formas discursivas. Los eventos analizados —descertificación de Colombia el 15 de septiembre, sanciones OFAC contra Petro el 24 de octubre, operaciones militares estadounidenses en el Caribe, amenazas de intervención militar— no representan respuestas técnicas a problemas concretos de narcotráfico. Más bien, evidencian la actualización de estructuras históricas de control hemisférico que se remontan al Plan Colombia en 2000 y, más profundamente, a la Doctrina Monroe del siglo XIX.

El análisis teórico de Baron (2020) demuestra que mientras existan en América Latina riquezas y recursos estratégicos que Estados Unidos requiera —petróleo, litio, acceso geográfico— existirán planees estratégicos ofensivos para garantizar su dominación. La «Guerra contra las Drogas» funciona como justificación discursiva ideal: lo suficientemente amenazante como para autorizar medidas extraordinarias, lo suficientemente vaga para permitir expansión indefinida de objetivos militares. La securitización del narcotráfico, analizada mediante el marco de la Escuela de Copenhague (Buzan y Wæver), demuestra que no se trata de amenaza objetiva sino de construcción política que legitima intervención.

Petro representa un quiebre en este patrón histórico al rechazar explícitamente la «zona de influencia» estadounidense. A diferencia de Gobiernos anteriores, Petro no acepta subordinación ideológica, cuestiona militarización de la región, demanda tratamiento digno para migrantes, y busca autonomía en políticas domésticas. Tokatlian (2001) advirtió hace dos décadas que Gobiernos que resisten intervenciones estadounidenses enfrentan represalias; el caso de Petro en 2025 confirma esta predicción.

La escala de castigo imperial es notable: no solo represalias económicas (suspensión de subsidios), sino castigo personal (sanciones OFAC a la familia presidencial), acusaciones criminales (ubicar a Petro en categoría de «narcotraficante»), y amenazas de intervención militar directa. Mónica Hirst (2011) acertadamente identifica cómo la garantía de seguridad estadounidense funciona como «elemento de presión»: cuando Gobiernos rechazan estar «encuadrados detrás de objetivos políticas estadounidenses», pierden el paraguas de seguridad y enfrentan represalias.

Sin embargo, el análisis también revela limitaciones en el ejercicio imperial. La resistencia de Petro genera fisuras: otros gobiernos latinoamericanos cuestionan medidas estadounidenses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina sanciones contra presidentes, y la narrativa de «seguridad hemisférica» enfrenta creciente escepticismo académico y político. La «desecuritización» que Petro intenta —devolverle al narcotráfico el carácter de tema político ordinario— representa una estrategia de contestación imperial.

Las implicaciones teóricas de este caso son significativas. Primero, demuestra que la teoría crítica latinoamericana sobre imperialismo permanece pertinente: Boron no se equivoca en identificar que dominación estructural persiste. Segundo, muestra que la dicotomía entre «cooperación» y «conflicto» es insuficiente para comprender relaciones hemisféricas: se trata de dominación ejercida mediante combinación de incentivos (subsidios, bases militares, acuerdos) y castigos (descertificación, sanciones, amenazas). Tercero, ilustra cómo gobiernos progresistas latinoamericanos que buscan mayor autonomía enfrentan presiones extraordinarias, revelando que la «libertad de elección» en política exterior es limitada cuando conflictua con intereses estadounidenses.

Las limitaciones del presente estudio merecen reconocimiento explícito. Los eventos analizados continúan desarrollándose, impidiendo una evaluación completa de consecuencias a largo plazo. El acceso restringido a documentos clasificados de seguridad nacional estadounidense y colombiana limita la comprensión de negociaciones diplomáticas privadas. La investigación privilegia fuentes secundarias y periodísticas debido a contemporaneidad de eventos, aunque se validó información mediante triangulación constante.

Futuras investigaciones deberían profundizar en: (a) reacciones comparadas de otros gobiernos progresistas latinoamericanos ante represalias estadounidenses; (b) impacto interno de sanciones OFAC sobre instituciones colombianas; (c) evolución de políticas antidrogas bajo gobiernos que resisten securitización; (d) alternativas de integración regional que reduzcan dependencia de seguridad estadounidense. Particularmente relevante sería examinar si la resistencia de Petro inspira patrones similares en otros gobiernos, generando cambio regional, o si Trump logra reimponer dominación mediante represalias escalonadas.

En conclusión, la escalada Trump-Petro de 2025 ratifica la teoría del imperialismo de Boron mientras genera cuestiones abiertas sobre posibilidades de autonomía regional. Confirma que América Latina permanece bajo dominación geopolítica estadounidense, pero también demuestra que los gobiernos pueden resistir, generando fricción y conflicto. La pregunta que trasciende este artículo es si esa resistencia puede transformarse en construcción alternativa de orden regional, o si Trump logrará reafirmar hegemonía mediante escalada de castigos.

5. Referencias Bibliográficas

BARRÍA, C.; MORENO, B.; MACRON, B. (2025, 25 de octubre). Cuáles son los motivos que da Trump para sancionar a Petro y qué supone para el presidente de Colombia estar incluido en la “lista negra” de la OFAC de EE. UU. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c9931v38p3vo.

BORON, A. A. (2020). América Latina en la geopolítica del imperialismo (1ª ed.). Ediciones Luxemburg. https://edicionesluxemburg.com.ar/wp-content/uploads/2022/09/AL-en-la-geopoli%CC%81tica-del-imperialismo-PDF.pdf.

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[1] Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Argentina. Investigadora del área de Geopolítica del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria.

[2] En término de la Ciencia Política, estos actores se llaman outsider.

[3] Aquí es necesario hacer un punto de inflexión: en los últimos años, en las Elecciones Presidenciales de Brasil, por ejemplo, logró la presidencia el expresidente de dos mandatos Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), un nombre fuerte en el Sur Global contra el imperialismo de los países del Norte Global.

[4] En torno de las sanciones políticas aplicadas por Trump, otro caso que podemos presentar es el caso brasileño. El presidente estadounidense ha aplicado sanciones al ministro de Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y a su familia por cuenta del juicio de un intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados. En una de sus entrevistas, Trump ha declarado que esto es estrictamente político.

[5] En consonancia con Baron, existen otros autores que trabajan conceptos que van en la misma línea. Para esto, ver: Achille Mbembe, Políticas de la Enemistad, y Françoise Vèrges en Una Teoría Feminista de la Violencia.