Resumen

Una Argentina de matices

En años recientes se han hecho comunes noticias en los medios que retratan la resiliencia y el esfuerzo de quienes afrontan sus condiciones en pos de acceder al mismo derecho que otros dan por contado. La desigualdad en Argentina se materializa no solo en términos de ingreso sino también en la distancia y la dificultad de ejercer ciertos derechos.

De acuerdo a un documento del Foro Universitario del Futuro, hacia el año 2020, 3 de cada 10 personas en el país no podían acceder a una vivienda adecuada y vivían en asentamientos precarios o viviendas sociales, conviviendo junto a basurales, aguas contaminadas y quemas de pastizales. A la vez, 4 de cada 10 no contaban con cloacas y 2 de cada 10 no tenía acceso a agua potable.

Tal es el caso de la educación. El nivel de escolarización de los menores de 6 años y los mayores de 14 años son dispares entre familias de altos y bajos ingresos. A la vez, los hijos de familias ricas suelen asistir a escuelas privadas y pasar mucho más tiempo en la institución.

Los datos muestran que los sectores más empobrecidos no trabajan más horas a la semana que los sectores con altos ingresos. En éste sentido podemos decir que los pobres en Argentina suelen destinar más tiempo a tareas domésticas y al desplazamiento para las actividades diarias, mismo que las personas de altos ingresos ocupan en cuidados de la salud, actividades recreativas o formación educativa adicional. Ya no es posible continuar afirmando que la riqueza y la pobreza se producen por separado.

De acuerdo a los datos de la Calculadora de la Desigualdad de la OXFAM, en Argentina una persona del decil más bajo de ingresos debería trabajar más de 189 años para ganar lo que una persona del 1 por ciento más rico de la Argentina gana en un mes.

La realidad del acceso a la salud no es diferente. Mientras que 9 de cada 10 personas de clase alta cuentan con cobertura médica, solo 4 de cada 10 personas en situación de pobreza acceden a alguna cobertura de salud. Éste último grupo pasa más tiempo sin controles sanitarios preventivos y perciben su estado de salud peor que lo que lo hacen las personas de altos ingresos.

Cuando nos referimos a desigualdad, más que de una cuestión de distribución individual de los ingresos, se trata de una distribución colectiva de la capacidad de poder ejercer los mismos derechos. 

Si bien se tiene al Índice Gini como el principal indicador de desigualdad económica, debemos señalar que el mismo puede no captar las dinámicas de un fenómeno multidimensional como el que se busca abordar. Es así que el análisis final debe estar acompañado de otros indicadores y medidas que tengan por objeto el representar las diversas formas de desigualdad a observar.

El panorama actual

Nora Lustig, en su publicación titulada “Desigualdad y descontento social en América Latina” (2020), escribe:

América Latina y el Caribe es conocida como “la región más desigual del planeta”, pero también ha sido caracterizada como la región con mayor reducción de la desigualdad de ingresos (medida por Gini) en todo el mundo entre 2000 y 2010.

Argentina bien podría definirse como una de las naciones más igualitarias dentro de la región más desigual del mundo. En la misma línea es posible indicar que en toda la región de América Latina y el Caribe se ha experimentado un proceso de crecimiento económico. Aun así es necesario señalar el rendimiento disímil de nuestro país en términos de PIB, la distribución individual del ingreso y la reducción de la pobreza.

La naturaleza multidimensional de la pobreza ha llevado a la existencia de una desigualdad estructural persistente.

Si hacemos énfasis en la desigualdad en ingresos, podemos referir a la que se refleja a través del Índice de Gini. El mismo actúa como un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso, tomando valores situados entre 0 y 1 donde el mínimo representa un caso de igualdad absoluta de todos los ingresos mientras el máximo corresponde a una situación de inequidad absoluta, una única persona se hace con la totalidad de los mismos.

En la más reciente actualización del indicador publicado de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hacía el 4º Trimestre del 2023 se estimó un coeficiente a nivel país de 0,435. Comparado al valor registrado para el mismo trimestre del año 2022 (0,413), representa un incremento interanual del nivel de desigualdad respecto a la distribución del ingreso per cápita familiar. ¿Qué implica ello? En el último trimestre del año pasado el nivel de ingreso mediano del diez por ciento de la población con menores recursos fue de alrededor de $30.917, en tanto, el decil más acaudalado percibía un ingreso mediano de $400.000; trece veces lo registrado por el decil más pobre.

Hacia el tercer trimestre del año pasado, las mediciones del nivel de ingreso per cápita familiar por provincia indicaron un nivel de coeficiente de Gini que posicionó a las jurisdicciones de La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El índice plantea que a mayor sea el valor del mismo, mayor será la brecha en la distribución de los ingresos, en ese sentido puede apreciarse como las provincias que menores ingresos medios per cápita familiar registraron aquel entonces (Formosa, La Rioja) enseñan mejores indicadores de distribución que el estimado para las jurisdicciones más acaudaladas (CABA, Tierra del Fuego).

Si revisamos la data histórica de los últimos 50 años, la diferencia en el nivel de ingresos per cápita que se percibe en cada provincia evidencia una tendencia que propició el incremento de la desigualdad económica entre las provincias. Más aún, estas brechas parecen acrecentarse en periodos de bonanza económica y disminuir en épocas de contracción. Dicho de otra forma, durante aquellos años en los que se registró un crecimiento a nivel agregado, se acrecentaron las distancias en el nivel de ingresos per cápita entre provincias; situación que se revierte en los tramos de caída económica.

Hipótesis de convergencia sigma. 1970-2021.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC, MECON y CEPAL

La disparidad en la distribución de los ingresos entre la población es un fenómeno que  usualmente está presente en regiones con economías en vías de desarrollo y nuestro país no es la excepción. Con frecuencia estas diferencias llevan al desarrollo desigual en el interior de los mismos territorios.

La situación no se limita solo a medidas monetarias. El concepto de necesidades básicas insatisfechas (NBI) permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. A través de éste es posible reconocer dimensiones de privación absoluta y enfocarnos en la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales.

Los resultados del Censo 2010, revela que fueron las provincias de Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca; las 10 jurisdicciones cuyos mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas registraron. Nótese como es que todas ellas pertenecen a la conocida como Norte Grande (o sea, las provincias del Noreste y el Noroeste argentino), un grupo que repetirá mucho en cuanto indicador de desigualdad observemos. En contraposición, encontramos que en el mismo periodo, las 5 jurisdicciones con menores índices agrupaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y La Pampa; centros urbanos solemos asociar niveles de bienestar altos, esto comparándose contra el primer grupo de provincias.

En materia de infraestructura y educación, podemos remitirnos a la disponibilidad de instituciones y la accesibilidad a los servicios educativos. Con una superficie de 155.488 km2, la Provincia de Salta cuenta con 349 instituciones de educación media repartidas por toda la provincia mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con 501 instituciones en un territorio de 203 km2 de extensión.

El rezago en el desarrollo de estas jurisdicciones se observa en casi toda dimensión mensurable. Los pobres niveles de avance estructural que ostentan las provincias del norte argentino se complementan con indicadores de bienestar socioeconómicos igual de atrasados.

A saber, el nivel de informalidad laboral conlleva serias consecuencias para los trabajadores y sus familias. El empleo informal dificulta el reconocimiento de derechos laborales y está asociado con la pobreza en sus diversas dimensiones. Asimismo, los trabajadores informales generalmente no cuentan con la protección necesaria frente a los diversos riesgos sociales, como pueden ser los accidentes laborales, el desempleo, la pobreza en la vejez, entre otros. A nivel más agregado, la informalidad laboral afecta a la equidad, la eficiencia, la capacidad del Estado para recaudar recursos, el alcance de la seguridad social, la productividad y el crecimiento. Al no existir registros de una relación laboral asalariada ni la inscripción de los trabajadores en la administración fiscal, la captación de datos precisos al respecto resulta, cuanto menos, problemática. Rescatando las respuestas a las encuestas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en forma periódica a nivel nacional, es posible estimar el porcentaje de trabajadores que cuenta con aportes al Sistema de Seguridad Social nacional, puesto que esto implicaría que el sujeto se halla registrado en el sistema. La diferencia entre la masa total de trabajadores y la cantidad de ellos que realizaran aportes jubilatorios bien puede considerarse un proxy del empleo informal en las provincias argentinas.

Porcentaje de trabajadores empleados, cuentapropistas, trabajadores familiares y patrones a quienes no les descuentan ni aportan al sistema de seguridad social, diferenciado por provincias y aglomerado nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Censos nacionales

Los datos de los últimos tres operativos censales enseñan que son Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Santiago del Estero, las seis provincias que mayor porcentaje de informalidad ostentan en el ranking histórico. Aún más, según los resultados del Censo 2022, bien podrían sumarse a éste grupo las provincias de Jujuy y Tucumán.

Es evidente como todas las provincias señaladas se encuentran ubicadas en la región noreste y noroeste del país, presentando niveles de informalidad por mucho superiores al del aglomerado nacional y casi que duplicando los registros de provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ésta situación no hace más que remarcar la intensa vulnerabilidad a la que se halla sometida gran parte del norte argentino y, en particular, la situación precaria a la que suelen hacer frente los trabajadores de la zona, quienes con frecuencia perciben ingresos menores a los del resto del país a la vez que cuentan con mayores dificultades para acceder al nivel de seguridad social presentes en otras regiones.

En materia sanitaria, 5 de las 10 jurisdicciones con menor cantidad de establecimientos de salud por cada 10.000 habitantes se encuentran ubicadas en el conocido como Norte Grande (Santiago del Estero y Salta representando al NOA, junto a Formosa, Misiones y Corrientes como parte del NEA).

Cantidad de establecimientos de salud por 10.000 habitantes según jurisdicción. República Argentina. Año 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) y a estimaciones poblacionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

En síntesis, hay un conjunto de debates en torno a las formas que adquieren las desigualdades en materia de desarrollo y crecimiento. En Argentina, el artículo 75 de la Constitución Nacional instruye que será tarea del Estado el promover un desarrollo equitativo, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Cuando contemplamos el panorama completo, el escenario actual nos lleva a suponer que el mencionado desarrollo equitativo de las todas las regiones del territorio nacional continúa siendo solo un anhelo. La historia argentina hace gala de una progreso desbalanceado – y con trayectorias muy distintas- para cada uno de los componentes del desarrollo, según sea la región observada. Respecto a los indicadores socioeconómicos seleccionados, como lo fueren la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el trabajo informal y el desempleo, la infraestructura y el acceso a servicios educativos y de salud, solo queda remarcar una persistente inequidad entre las diversas regiones del país. Altos niveles de mortalidad en el norte argentino se complementan con pobres niveles de desarrollo en infraestructura y caminos y bajos índices de formalidad laboral; siempre comparados con las jurisdicciones céntricas de la nación.

Aun cuando el Estado nacional lleva la tarea de disminuir estas brechas entre provincias, la aplicación de políticas redistributivas no han logrado tener un impacto a largo plazo. Investigaciones sobre el tema indican que las transferencias nacionales a las provincias, si bien tienen un efecto multiplicador positivo inmediato sobre la población que la percibe, a largo plazo no aportan al crecimiento de las matrices productivas regionales.

La Argentina, en toda su extensión, se posiciona como el octavo país más grande del mundo. El territorio abarca desde los salares al norte hasta los glaciares al sur y sus recursos naturales lo convierten en uno de los posibles epicentros de inversión a futuro. No obstante, la realidad actual suele golpearnos con frecuencia. Así como contamos con el barrio más caro en latinoamérica también nos encontramos con parajes cuyo acceso debe hacerse ingresando por territorios extranjeros, olvidados al punto de ser casi desconocidos por gran parte del país. De desarrollarse estas regiones rezagadas, el potencial de aporte al crecimiento nacional podría llevar a una nueva época de bonanza pero ello requiere del completo apoyo de parte del Estado nacional, cuyos intereses  y políticas –habitualmente discrecionales- muchas veces no acompañan al logro de éstos objetivos.