El 31 de mayo de 2026, Colombia tuvo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, un proceso que culminó posteriormente con la victoria del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda. En la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella obtuvo un resultado de 49,66% (12.959.542), por encima de Ivan Cepeda que tuvo un resultado de 48,70% (12.708.712).  

Este resultado marca un punto de inflexión en la política colombiana, al representar un giro desde el gobierno progresista de Gustavo Petro hacia un proyecto político de derecha con prioridades sustancialmente distintas en materia de seguridad, economía, política exterior y rol del Estado. A su vez las elecciones tienen una importancia en el ámbito regional, pues Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y un actor clave en temas como la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico, la migración y la cooperación militar. Por ende el cambio de Gobierno no solo tendrá cambios importantes de carácter nacional, sino que también puede trascender en el equilibrio político y diplomático de la región. 

Uno de los cambios más grandes del nuevo Presidente electo es en cuanto a la seguridad ya que Colombia históricamente ha sufrido por la violencia debido a las distintas guerrillas que se han acentuado en el país. El Gobierno de Petro fortaleció los diálogos con estos grupos armados por medio de mesas de negociación para terminar el conflicto de una manera pacífica; en contraste, Abelardo pretende acabar con todo este proceso ya que según su punto de vista la paz no es algo que se deba negociar. Por este motivo Abelardo anuncia el fin de la política de paz total desplegando la fuerza del Estado por medio de operaciones militares directas. 

La nueva estrategia de seguridad se materializa en el denominado Plan Patriota 2.0, es una iniciativa inspirada en el Plan Patriota que se implementó durante el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Mientras la estrategia original buscaba recuperar el control territorial por medio de operaciones militares contra las FARC-EP y otros grupos armados con el apoyo de Estados Unidos. La nueva propuesta busca algo similar, acabando con procesos pacíficos como el de la Paz Total, fortalecer las Fuerzas Militares, incrementar la cooperación con Washington en inteligencia y defensa, e intensificar la ofensiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.Esto puede significar un impacto directo en las fronteras colombianas. Grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo mantienen presencia o redes de apoyo en zonas fronterizas de Venezuela, Ecuador y Panamá, donde desarrollan actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. 

Un incremento de la presión militar de Colombia podría llevar a un mayor desplazamiento de los grupos guerrilleros hacía los países vecinos como el ELN en Venezuela, las disidencias de las FARC en Ecuador y el Clan del Golfo en la región del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.  

Este escenario podría incrementar la presión sobre las capacidades de seguridad en estos Estados, ya que si estos grupos armados pretenden desplazarse obligaría a los gobiernos de la región a fortalecer los mecanismos de cooperación en inteligencia, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado.   

Otro cambio importante es en cuanto a las relaciones exteriores, Colombia históricamente ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación militar. Con la llegada del Presidente Petro al poder las relaciones se distanciaron un poco debido a ideologías distintas. En contraste, el nuevo Presidente Abelardo de la Espriella, ha manifestado su intención de fortalecer nuevamente la relación estratégica con Estados Unidos. Este cambio recuerda a la doctrina Réspice Polum ("mirar hacia la estrella del norte") formulada por Marco Fidel Suárez a comienzos del siglo XX, según la cual Colombia debe guiar sus relaciones internacionales mirando a Estados Unidos como una potencia aliada.

 
Dicha doctrina fue fuertemente criticada pues favorece una alta dependencia de Colombia respecto de Estados Unidos en la formulación de su política exterior e, incluso, en algunos aspectos de su agenda de seguridad, en este sentido el Gobierno de Abelardo podría representar un retorno a esta orientación, promoviendo un mayor alineamiento con Washington en temas estratégicos. Esto tendría implicaciones para la seguridad regional, la cooperación hemisférica y el posicionamiento de Colombia frente a la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China.

En este contexto, es probable que la política exterior colombiana experimente una reconfiguración de sus prioridades. Con el nuevo Gobierno es posible que el acercamiento político impulsado durante la administración de Gustavo Petro con países como China, México, Cuba e incluso Brasil pierda protagonismo, aunque en el caso brasileño la relación probablemente mantenga un carácter pragmático debido a la importancia de la cooperación fronteriza, comercial y amazónica. Mientras que podría existir un fortalecimiento de las relaciones con Estados que comparten una visión similar en materia de seguridad, libre mercado y cooperación estratégica, como Estados Unidos, Israel y otros gobiernos afines de la región.

Esto se comprueba cuando se ven las afirmaciones hechas por Abelardo de la Espriella sobre el cierre de 14 Embajadas como Argelia, Cuba, Nicaragua, Sudáfrica y entre otros. A su vez el anuncio de Abelardo de la Espriella sobre la salida de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China es una demostración del alejamiento que tendrá Colombia con estos países. 

Este escenario se traduce a Colombia ganando mayor relevancia para Washington, pero una menor prioridad hacia mecanismos de integración regional.una menor prioridad hacia mecanismos de integración regional como la CELAC y los esfuerzos por revitalizar UNASUR, que durante los últimos años recibieron un mayor impulso por parte de varios gobiernos progresistas de América Latina. Incluso Estados Unidos podría llegar a influir en la gestión de las relaciones exteriores de Colombia, adoptando una postura más cautelosa frente a iniciativas estratégicas promovidas por China, en un contexto de creciente competencia geopolítica entre ambas potencias. 

¿Hacia dónde va Colombia tras las elecciones?

El 31 de mayo de 2026, Colombia tuvo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, un proceso que culminó posteriormente con la victoria del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda. En la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella obtuvo un resultado de 49,66% (12.959.542), por encima de Ivan Cepeda que tuvo un resultado de 48,70% (12.708.712). (Tomado de: https://resultados.registraduria.gov.co/v2/resultados/0/00) 

Este resultado marca un punto de inflexión en la política colombiana, al representar un giro desde el gobierno progresista de Gustavo Petro hacia un proyecto político de derecha con prioridades sustancialmente distintas en materia de seguridad, economía, política exterior y rol del Estado.

Uno de los cambios más grandes del nuevo Presidente electo es en cuanto a la seguridad ya que Colombia históricamente ha sufrido por la violencia debido a las distintas guerrillas que se han acentuado en el país. El Gobierno de Petro fortaleció los diálogos con estos grupos armados por medio de mesas de negociación para terminar el conflicto de una manera pacífica; en contraste, Abelardo pretende acabar con todo este proceso ya que según su punto de vista la paz no es algo que se deba negociar. Por este motivo Abelardo anuncia el fin de la política de paz total desplegando la fuerza del Estado por medio de operaciones militares directas. 

(https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-21/las-propuestas-de-abelardo-de-la-espriella-seguridad-de-mano-dura-reduccion-del-estado-y-libertades-tributarias.html) 

Dicho enfoque no es algo nuevo en el país, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó la Política de Seguridad Democrática cuyo eje principal fue la ofensiva militar contra las guerrillas y la recuperación del control territorial por parte del Estado. 

Esto se debe al surgimiento de las guerrillas en Colombia en la década de 1960 por una multiplicidad de factores, entre los que se encuentra: la violencia bipartidista, la desigualdad en la distribución de la tierra, la exclusión política y el impacto de la Revolución Cubana llevaron al nacimiento de guerrillas como las FARC, el ELN y, posteriormente, el M-19. Al pasar el tiempo, las guerrillas pasaron de ser movimientos con motivaciones ideológicas a organizaciones que se sustentaban por medio de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. (https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/modulo-2.pdf) 

A pesar de que la estrategia de ofensiva militar produjo importantes golpes militares a las guerrillas, es necesario destacar que también estuvo acompañada de graves cuestionamientos por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos". Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los falsos positivos son “ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armadas ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos”. (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_364_esp.pdf) 

Es inevitable pensar en las víctimas al abordar el conflicto armado colombiano. Como parte del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral para la Paz. La JEP se creó por y para las víctimas del conflicto armado y tiene como propósito investigar, sancionar y juzgar los crímenes más graves que se cometieron durante el conflicto armado.  

La JEP ha sido uno de los aspectos más debatidos del Acuerdo de Paz, algunos lo ven como un mecanismo necesario para garantizar los derechos de las víctimas, mientras que otros creen que solo favorece la impunidad. El presidente electo Abelardo de la Espriella es claro con su postura: "Se acaba el comisionado para la paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento".(https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/acabar-con-la-jep-nueva-ministra-y-eliminar-229-cargos-en-la-presidencia-los-nuevos-anuncios-de-abelardo-de-la-espriella) 

Por otro lado, otro de los grandes cambios del nuevo Gobierno de La Espriella es sobre la política ambiental y energética. En el Gobierno de Gustavo Petro dichos temas fueron centrales en la agenda nacional e internacional y por ello se impulsó el tema de las energías renovables, suspendiendo así todo el tema de la exploración de petróleo y gas. Abelardo pretende hacer un cambio completo de esas políticas reactivando la exploración de hidrocarburos y la implementación del fracking. Lo que busca posicionar el sector como una fuente de crecimiento económico para aumentar las reservas nacionales de petróleo y gas. (https://elpais.com/america-colombia/2026-07-03/gas-fracking-y-transicion-energetica-de-de-la-espriella-en-tiempos-de-crisis-climatica.html) 

En relación a esto, otro de los ejes más importantes del Gobierno de Abelardo corresponde a las políticas económicas. Su administración propone realizar políticas de libre mercado y una menor intervención del Estado en la economía. En este sentido se busca implementar medidas orientadas a la reducción del gasto público, la disminución de la carga tributaria para las empresas y la creación de un entorno más favorable para la inversión privada y el crecimiento económico. (https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-21/las-propuestas-de-abelardo-de-la-espriella-seguridad-de-mano-dura-reduccion-del-estado-y-libertades-tributarias.html)   

En contraste, se ven las principales diferencias entre lo que busca este nuevo Gobierno con lo que planteó el Gobierno de Gustavo Petro, este último se caracterizó por una mayor intervención estatal, buscando una reforma tributaria de manera progresiva y un aumento en el gasto social.

Como consecuencia, muchas de las políticas implementadas durante los últimos cuatro años podrían ser modificadas o incluso revertidas, reflejando un cambio significativo en las prioridades del Estado. Este giro evidencia cómo la diferencia ideológica entre ambos presidentes se traduce en modelos de desarrollo y estrategias de gobierno profundamente distintas.